Abogados penalistas y constitucionalistas cuestionaron los argumentos con los que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir dos investigaciones preliminares al presidente Pedro Castillo, aunque suspendiendo las diligencias hasta el fin del gobierno de este.Ávalos sustentó su decisión en el precedente que ella misma estableció en el 2020 respecto al expresidente Martín Vizcarra y el Caso Richard Swing. Su postura refiere que en la institución presidencial existe una "inmunidad absoluta, que trasciende el ámbito procesal penal", por lo que debe ser "protegida de todo tipo de contingencias que pueden distraer el ejercicio de tan alto cargo".