El convenio de estabilidad tributaria firmado por la empresa Antamina con el Estado peruano en 1998 establecía reglas de depreciación que la compañía aplicó hasta el año 2015 en que estuvo vigente su contrato.Sin embargo, en las fiscalizaciones realizadas por la Sunat respecto a los años 2013, 2014 y 2015 (que más o menos se han realizado en el 2018, 2019 y 2020), la administración tributaria observó una supuesta "depreciación acelerada" usada por dicha compañía.Esa misma figura fue usada en los años anteriores y nunca fue observada, es decir, la autoridad cambió la interpretación del alcance del convenio en los últimos años. Esta misma lógica la está empleando en las fiscalizaciones a otras grandes empresas mineras, como Cerro Verde.Al respecto, y para evitar que se sigan acumulando intereses, ante el riesgo real que implica el largo tiempo que demora un proceso de reclamo (el cual empieza ante la Sunat, pero puede terminar en el Poder Judicial), la compañía decidió pagar los montos observados para el 2013 y 2014 e interponer las acciones correspondientes.El mismo esquema ha seguido la empresa al recibir la resolución correspondiente al 2015. Así, Antamina ha pagado S/ 800 millones (con descuento de 60% sobre penalidades e intereses), pero interpondrá las acciones legales correspondientes en las instancias pertinentes (Sunat, Tribunal Fiscal y Poder Judicial).
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