Ayer por la mañana el Gobierno expuso el potencial de la economía peruana ante distintos inversionistas, en una jornada en la que no faltó la invitación a "creer en el Perú" y apostar por su minería."Esta es una muy buena oportunidad para transmitir, primero, un mensaje de tranquilidad de que las inversiones [mineras] están garantizadas en nuestro país", expresó el viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, en un evento organizado por el Consejo de las Américas.Mientras el funcionario aseguraba esto, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y la Confiep se reunían en una conferencia de prensa para alertar sobre los conflictos sociales en el sector minero, a una escala "que no ha sucedido antes"."La conflictividad social, que normalmente veíamos enfocada en proyectos, está afectando ahora a las operaciones mineras directamente", señaló Raúl Jacob, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Desde julio de este año, fecha en la que Pedro Castillo asumió la presidencia del Perú, seis minas se han visto forzadas a paralizar operaciones total o parcialmente: Uchucchacua, Antamina, Breapampa, Cerro Lindo, Apumayo y Las Bambas. A la fecha, Apumayo, Uchucchacua y Las Bambas no han reanudado sus operaciones.Como resultado de esta situación, "y de los permisos que no salen a tiempo", la SNMPE ha estimado que la minería ha perdido 150 mil toneladas de producción de cobre este año, de los cuales cerca de 100 mil corresponden a Las Bambas.Esto significa menos ingresos para la minería, pero también para el Estado, en términos de impuestos y contribuciones que no percibirá.De acuerdo a la SNMPE, el impacto al fisco ascendería a S/1.450 millones este año, monto mayor al que el Gobierno busca percibir con su reforma tributaria del sector minero.