El presidente de Confiep, Óscar Caipo, acusó al Gobierno de Pedro Castillo de vulnerar el estado de derecho al legitimar la extorsión y la toma de carreteras como mecanismos de protesta, en referencia a los bloqueos que afectan a proyectos mineros. Consideró que con esa actitud, el Ejecutivo está anteponiendo los intereses de grupos violentos sobre el bienestar general de la población y los derechos humanos de los trabajadores.