Ayer, la compañía Nexa informó que la mina subterránea Cerro Lindo, ubicada en Ica, suspenderá sus operaciones tras casi una semana de bloqueo de las vías de acceso al yacimiento. Según la empresa, los autores de esta medida ilegal pertenecen a asociaciones que no representan a la comunidad de Chavín, por lo que no tienen facultad para negociar los acuerdos que la firma mantiene con la referida colectividad. Asimismo, informó que la situación afecta a alrededor de 2.000 trabajadores que no pueden volver a sus hogares cuando concluyen su jornada laboral.Ciertamente, situaciones como esta, en las que grupos de manifestantes atentan contra el derecho al libre tránsito de otros ciudadanos con el objetivo de forzar negociaciones con una empresa o con el Estado mismo, parecen haberse normalizado en los últimos tiempos (generando, además, un perverso incentivo para quienes buscan hacer llegar sus demandas a las autoridades). Y si bien es cierto que a las administraciones anteriores parecían temblarles la mano al momento de restaurar la legalidad que se suspende cuando se corta una vía pública (quizá por el miedo a que los acusen de ‘criminalizar la protesta’), a la que encabeza Pedro Castillo sencillamente parece no interesarle en lo más mínimo corregir esta transgresión allí donde se registra.