La suspensión de operaciones de Las Bambas es responsabilidad de este Gobierno, la primera ministra Vásquez trabajaba para una reconocida ONG por ser antimimera (Grufides). Ahora envían a un operador como Marco Sipán, jefe de Gestión Social del Minem, quien recientemente logra exaltar aún más los ánimos, cancelando la mesa de diálogo en Las Bambas, en el momento en que -este enviado del Gobierno- quiso hacerlo.Por ello se evidencia la mala fe con la que han actuado en este caso. El Estado está actuando subrepticiamente, como un agitador, dejaron de ser facilitadores, se desentienden de la solución legal y jurídica. El ataque de las ‘organizaciones sociales’ contra las inversiones mineras en nuestro país es concertado y con la anuencia, no por lejos, complacencia y complicidad de gran parte del Ejecutivo, debería buscar un acuerdo por el bien de 8,000 familias que serán afectadas, señala Anthony Laub.
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