Ante evidencias de presunta irregularidad en las actividades no transparentadas del presidente Pedro Castillo en un inmueble de Breña, la contraloría inició un "servicio de control específico", una nueva etapa en las acciones ya emprendidas por la entidad en la que intervendrán dos auditores especializados para detectar posibles infracciones administrativas e incluso delitos.Con ese fin, la jefa del Órgano de Control Institucional (OCI) del Despacho Presidencial, Aida Céliz, envió un oficio al secretario general de la Presidencia, Carlos Jaico, el viernes último. "Agradeceré brindar las facilidades del caso para la realización del servicio mencionado", se indica en el documento al que accedió El Comercio.