El errático e irresponsable manejo de la premier Vásquez respecto al cierre de minas en Ayacucho es el último episodio que explica por qué el riesgo regulatorio se ha disparado en el país. Mejorar la gestión de la conflictividad social será clave para que se materialice la cartera de proyectos mineros, pero sin caer en posiciones ideologizadas o carentes de sustento técnico. Esto es crucial ya que, según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, el 65% de los conflictos sociales están enmarcados en problemas socio ambientales, dentro de los cuales 84 están relacionados directamente con la minería.De la cartera de proyectos mineros para el periodo 2021-2025, 11 proyectos por un valor de US$ 18,230 millones tienen riesgos sociopolíticos de distinta intensidad. Las causas más recurrentes son el temor o riesgo a una posible afectación ambiental y los problemas de relacionamiento entre la empresa y la comunidad.En este sentido, urge aclarar mitos que ciernen sobre las interacciones entre la minería formal, la población en las zonas de influencia y las autoridades, por un lado, y el tratamiento de la minería informal, por el otro, señala Luis Miguel Castilla, director de Videnza Consultores.
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