La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso otorgar una mayor asignación a la defensoría de oficio del Ministerio de Justicia, con la finalidad de fortalecer la defensa legal gratuita que reciben las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En ese sentido, Merino manifestó que durante el debate del Presupuesto General de la República en el Parlamento se debe aprobar una ampliación al presupuesto que recibe la Defensoría del Pueblo. A manera de ejemplo, informó que el 76 por ciento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos no tiene acceso a ningún tipo de defensa legal que les garantice un juicio equitativo.