Desde el mes de marzo las entidades del Estado están prohibidas de contratar personal bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) y solo se permitió renovaciones para no cortar el vínculo laboral.Y es que la Ley 31131 no solo prohibió la contratación de personal CAS, sino que les dio carácter indefinido a quienes ya estaban contratados bajo esa modalidad e indicó que paulatinamente deberían pasar al régimen 728 (de la actividad privada en el Estado) o al 276 ( de la carrera pública tradicional).Tras ello, el gobierno del entonces presidente de la República, Francisco Sagasti, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra dicha norma, pues afecta la política laboral y de servicio civil del Estado.Sin embargo, el actual gobierno de Pedro Castillo dijo que sí estaba de acuerdo con la ley e incluso presentaron una solicitud al TC para retirar la demanda realizada en la administración anterior, la cual fue rechazada por la entidad constitucional.Pese a que el Gobierno manifestó estar a favor de mantener la ley que elimina el CAS, en la iniciativa de la ley de presupuesto que se discute en el Congreso, se busca permitir la extensión de estos contratos durante el 2022.
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