En la víspera, Aníbal Torres, ministro de Justicia, anunciaba más recortes de libertades para peruanos que no tengan dos dosis de vacuna anticovid. Sin embargo, no decía que su hermano Víctor Antonio estaba cobrando S/22 millones al Estado, precisamente por mantenimiento para estos fármacos, lo cual configuraría delito.Así lo reveló la abogada Mónica Yaya en el programa ‘Beto a saber’, mostrando documentos de la Superintendencia de Registros Públicos, y de la Ley de Contrataciones del Estado.