Un proyecto de ley, presentado por la legisladora Norma Yarrow (Avanza País), podría causar serios problemas a las empresas, cuyos socios u otros directivos se encuentren inmersos en investigaciones por corrupción.La iniciativa plantea que las compañías con "socios, directores, gerentes, representantes legales o personas vinculadas que estuviesen siendo procesados, cuenten con acusación fiscal o hayan sido sentenciados en primera instancia por delitos de corrupción" queden prohibidas de contratar con el Estado.La norma también aplica para aquellas compañías cuyos directivos hayan admitido y/o reconocido delitos ante alguna autoridad."Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio", agrega el texto. Desde Perú Libre, Acción Popular (AP), Juntos por el Perú (JPP) y Renovación Popular (RP) anunciaron que aprobarán dicho proyecto de ley.
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