En junio del 2020, tras un polémico debate, el Congreso aprobó una resolución legislativa para que los parlamentarios tengan la obligación de presentar ante la Contraloría General de la República una declaración jurada de intereses (DJI) en la que se consignen todas las empresas en las que tengan o hayan tenido participación. La finalidad era prever posibles conflictos de intereses en la gestión legislativa.Con el objetivo de detectar potenciales conflictos de intereses en el Legislativo, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio revisó la información sobre participación en empresas consignada en todas las DJI presentadas hasta el momento. Como resultado, se encontró que más de un tercio de los congresistas (36%) tiene o tuvo participación en empresas hasta el 2021.(Edición sábado).