Las protestas y el bloqueo de carreteras contra empresas del sector minero y agroindustrial han ido escalando en las últimas semanas hasta el punto de registrarse actos de violencia como la invasión e incendio de instalaciones.Así, la ausencia de respuesta inmediata de parte del gobierno de Pedro Castillo deja en evidencia la falta de preocupación por las inversiones en el Perú, por cómo se afecta la economía y la falta de respeto hacia el estado de derecho.Para Daniel Palomino, socio del área de energía y minas del Estudio Muñiz, el gobierno tiene un manejo inadecuado sobre el mensaje que debe dar a los inversionistas en minería."La minería es una de las actividades económicas más importantes en el Perú (...). Lo que se está viendo es una inadecuada incomprensión de lo que es el estado de derecho", precisó.En diálogo con Correo, el abogado explicó que en el país las normas son claras respecto a la operatividad de una compañía minera. Es decir, si esta quiere ejecutar un proyecto, debe obtener todas las licencias y autorizaciones.