El derecho a la protesta no se ejerce bloqueando carreteras ni destruyendo propiedad pública y privada ni mucho menos con amenazas de muerte. El país registra un largo historial de conflictos sociales que terminan en manifestaciones violentas. Y los gobiernos de turno demostraron, en mayor o menor medida, una alarmante incapacidad para ejercer el principio de autoridad y hacer respetar el derecho al libre tránsito y al trabajo, entre otros, de los miles de personas que se vieron afectadas por tales acciones.Lo diferente en estos momentos es que la violencia está escalando. En menos de un mes, manifestantes incendiaron el campamento de la minera Apumayo, en el sur de Ayacucho; en Loreto, 150 personas tienen tomada la estación 5 del oleoducto y amenazan con prenderle fuego; en Oyón (Lima), comuneros han bloqueado el paso a la minera Raura -exigen un pago por el uso de su territorio-; en La Huaca (Paita), pobladores incendiaron vehículos de la empresa Caña Brava porque la culpan de la quema de una plantación.El caso que ha tenido mayor repercusión es el de las protestas contra Antamina, tanto por el tamaño de la empresa (tiene 10,000 trabajadores) como porque es inusual: la minera ha mantenido una buena relación con las comunidades de su ámbito. Por eso llama la atención la virulencia con que los dirigentes de los comuneros emiten sus mensajes. "Hoy les decimos, retírense. Si vamos a tener que morir lo vamos a hacer, pero nos vamos a llevar a algunos de ustedes también", advirtió en un video en Facebook el líder de los manifestantes. El paro fue levantado el martes, tras lograrse una tregua con la comunidad, pero en la costeña Huarmey hay otra paralización en contra de Antamina.
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