En entrevista con El Comercio, la ministra del Interior, Pilar Mazzetti, acaba de poner sobre el tapete un tema sumamente grave que está menoscabando el quehacer de la Policía Nacional y, en consecuencia, impidiendo en parte que garantice la seguridad que la ciudadanía reclama.El hecho es concreto: el sector Interior se ha visto obligado a reincorporar, por mandato judicial, al personal que fue retirado de la institución policial por actos reñidos con la función, incluso en los mismos cargos que ostentaban cuando fueron separados de la PNP. En otras palabras, el ministerio tiene que cumplir la decisión judicial y aceptar, prácticamente, en algunos casos, que el juez establezca quién debe y quién no debe ascender.Según la ministra, una solución a esta situación podría darse a fin de año cuando se realicen los ascensos que establece la ley. ¿Sin embargo, cuáles son los riesgos de esta penosa sujeción judicial que padece, por lo menos temporalmente, este ministerio? Evidentemente hay que cumplir las sentencias judiciales, pero también es cierto que si el sector Interior efectuara procesos administrativos internos más exhaustivos y rigurosos, probablemente no habría malos policías pugnando por retornar a la PNP. Esta medida previa, bien elaborada, tendría que ser decisiva en el curso judicial.En segundo lugar, también habría necesidad de una iniciativa del más alto nivel, que probablemente compromete al Ejecutivo y al Legislativo, para definir qué hacer cuando una sentencia judicial pone en riesgo la función policial en el nivel de confianza. ¿Cuán conveniente es que un efectivo policial separado, que desempeñaba un cargo de importancia jerárquica, retorne a ese mismo puesto en otra administración porque así lo manda la sentencia judicial? ¿Dónde queda la prerrogativa del titular del pliego, en este caso el ministro del Interior, para elegir a su personal de confianza?En tercer lugar, la responsabilidad del Poder Judicial es evidente. Y es que sus mandatos pueden devolver derechos a policías injustamente separados, pero también a elementos de cuestionable desempeño profesional. Garantizar el debido proceso no implica garantizar la impunidad, más tratándose de policías. Como ha señalado la ministra Mazzetti, de qué sirve que la PNP detenga a infractores, cuando luego estos son liberados en los tribunales.