De acuerdo con la Constitución, los gobiernos regionales tienen la misión de fomentar el desarrollo integral de sus jurisdicciones mediante la promoción de la inversión pública y privada, así como garantizar el empleo y el ejercicio pleno de la igualdad de oportunidades de todos sus habitantes. Para cumplir esta competencia deben utilizar, de manera responsable, los recursos asignados por la ley.Sin embargo, precisamente en este último punto, más de una autoridad estaría fuera de la normativa, razón por la cual enfrentan una investigación fiscal. En efecto, el Ministerio Público ( MP) le abrió investigaciones por el presunto delito de corrupción de funcionarios a nada menos que 19 de los 25 gobernadores regionales, por actos supuestamente perpetrados durante sus gestiones
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