En los informes de control posterior que realiza la Contraloría General de la República a los proyectos de inversión en el país, de contratación de bienes y de servicios, además de determinar la posible responsabilidad de los funcionarios públicos en casos de corrupción o inconducta funcional, también identifica si las empresas vinculadas a dichos procesos incurrieron en este delito.Según el contralor de la República, Nelson Shack, entre el 2018 y el 2021 se han identificado 438 empresas que tienen responsabilidad penal por posibles actos de corrupción.