A menos de dos meses de instalado el nuevo gobierno aprista, llama sospechosamente la atención el rebrote casi en simultáneo de bloqueos, protestas y paros violentistas en diversos puntos, que de no ser controlados podrían amenazar la estabilidad política, económica y social del país.Nadie puede estar en contra del derecho a la protesta y el disentimiento, que tienen protección constitucional, siempre y cuando sean motivados y se expresen dentro del marco de respeto al orden y a los derechos de los otros, lo que no está sucediendo. Esto es preocupante y debe motivar una severa reflexión por parte de todos para preguntarnos si está en curso una maniobra orquestada de desestabilización y quién o quiénes estarían detrás de ella.A la raleada marcha de la CGTP, apoyada por el ex candidato Ollanta Humala, se suman los ásperos enfrentamientos de los cocaleros con la Policía Nacional, el bloqueo de carreteras en Moquegua --que afecta la actividad minera de Southern y en el que la presidenta regional Constantinides tiene un papel lamentable y perturbador-- y el paro de estibadores del Callao. Este último pretende exagerados reclamos económicos, pero también mantener el statu quo de gollerías sindicales atávicas que hacen del Callao uno de los puertos más caros de la región.¿Dónde quedó la tan voceada tregua que merece todo régimen que empieza? Ante ello, corresponde al Gobierno mantener el principio de autoridad y los canales de diálogo legal y legítimo, pero también redoblar esfuerzos para identificar los problemas y denunciar a los responsables, empezando por los de su entorno más cercano.Efectivamente, hay un sector del Apra, representado sobre todo por el presidente Alan García y su jefe de Gabinete, que saludablemente ha cambiado y demuestra madurez política. No obstante, del otro lado persiste un ala recalcitrante que se niega a modernizarse e insiste en medrar del Estado a través del clientelismo, el populismo irresponsable y el sectarismo partidario y sindical. Todo ello se evidencia no solo en el ámbito congresal, sino también en los predios porteños, donde continúa la influencia de más de medio siglo del aprista Luis Negreiros.En tal coyuntura, el Gobierno debe primero poner orden dentro de la casa partidaria, pues de lo contrario podría crearse una esquizofrenia política interna que terminaría afectando seriamente al país. Los peruanos ya hemos sufrido, y de modo superlativo, los estragos del populismo estatista y del manejo sectario del gobierno. Aparte de ello, hay que denunciar a aquellos otros, no necesariamente apristas, que quieren activar el río revuelto para ganar notoriedad ante la inminencia de las elecciones municipales y regionales, mantener gollerías sindicales, imponer a rajatabla extremismos ambientalistas o, peor aún, para propiciar el retorno de ideologías criminales y destructivas, como la senderista, que se agazapan detrás de ciertos movimientos supuestamente reivindicatorios o sociales. Tras la ejemplar transferencia democrática de gobierno, en un clima de estabilidad y gran expectativa nacional, lo que los peruanos esperamos es la consolidación económica que nos catapulte al desarrollo. Esto no puede ser echado por la borda simplemente por el capricho o conveniencia de algunos políticos trasnochados e irresponsables que quieren seguir mirando al pasado de privilegios partidarios, en lugar de abrirse al cambio realmente democrático y modernizador.(Edición domingo).