Tras las crisis políticas que vivimos en el último quinquenio son pocos los que disienten de la idea de que tanto la posibilidad de declarar la vacancia del presidente de la República por "incapacidad moral permanente" como la de disolver el Congreso por la vía de la cuestión de confianza dos veces negada necesitan ajustes. Cuatro mociones de vacancia presentadas (dos fallidas, una exitosa y otra que desembocó en una renuncia presidencial) y un Parlamento disuelto por las vías indicadas en ese intervalo temporal han supuesto para el país un alto costo institucional del que todavía no nos reponemos. Con el supuesto afán de resolver ese problema, la congresista Isabel Cortez, de la bancada de Juntos por el Perú, ha presentado hace dos días una iniciativa que, de ser aprobada, lo agravaría. Bajo el nombre de "muerte cruzada", el proyecto propone una reforma constitucional que establezca un mecanismo por el cual "tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo puedan disolver al otro, acarreando su propia disolución ipso jure".