Rosario Padilla es la primera mujer en pisar los pasillos del Ministerio de Energía y Minas (MEM) como viceministra y está convencida de que la mujer puede aportar un punto de vista diferente en la solución de los difíciles conflictos sociales que aquejan el sector. Abogada de profesión, sus propuestas pasan principalmente por introducir cambios normativos, algunos de ellos tan importantes como requerir a las mineras que cuenten con el permiso de la población local desde antes de iniciar las exploraciones, lo cual recoge uno de los reclamos con mayor consenso entre los críticos de la actual legislación. La Defensoría del Pueblo ha señalado que siete de los diez conflictos sociales activos en el país son mineros. ¿Cómo manejar tantos frentes a la vez?Estamos tratando de adelantarnos al estallido del conflicto. Sabemos que las crisis se han generado por falta de diálogo entre empresas y comunidades. Es posible que las compañías hayan venido haciendo un buen trabajo de inversión social, pero no lo comunicaban bien. Los frutos tampoco se veían a nivel de Estado --los del canon minero, por ejemplo- porque las autoridades regionales y locales no han tenido una capacidad de gasto acorde con las normas, que aún son muy centralistas. El proceso de descentralización ha despegado, pero no ha ido acompañado por la actualización de las normas. ¿Seguirán empleando el esquema de resolución de conflictos utilizado en el caso de Combayo (Yanacocha)?El MEM ha activado su rol de prevención de conflictos. En el caso de Cajamarca, le hemos dicho a la población: si tienen temor de que el recurso hídrico vaya a estar en riesgo, entonces hagamos los estudios correspondientes por un ente independiente que ustedes puedan elegir. Si el estudio demuestra que no va a haber impacto, entonces todos felices; y si el estudio demuestra que hay impacto, pero que hay una solución técnica para resarcir o reponer los recursos hídricos, también acéptenlo. Y lo aceptaron. Eso me pareció muy maduro por parte de la población.¿Es necesario cambiar normas para evitar estallidos sociales? Creo que las normas están desactualizadas en cuanto a medio ambiente y gestión social. En hidrocarburos vemos que, por ejemplo, desde antes de iniciar una exploración se requiere el permiso de las comunidades. En minería, en cambio, para iniciar las actividades de exploración solo se necesita permisos técnicos, como la viabilidad ambiental que otorga el MEM, y entonces las comunidades perciben la actividad como una violación a sus derechos. Eso nos hace reflexionar que las normas que tenemos son de 1993, que han pasado ya muchos años y es necesario renovarlas.¿Concretamente, qué cambios propone?Estamos evaluando, por ejemplo, si es necesario incorporar una participación ciudadana más efectiva en las exploraciones, porque vemos que las crisis están surgiendo allí. También hemos visto que empresas como Río Tinto que se relacionan con las comunidades antes de iniciar la exploración -- incluso antes de pedir el permiso al ministerio-- no tienen problemas. Ahora, puesto que los proyectos de exploración abarcan por lo general áreas muy pequeñas que a veces solo involucran a una comunidad, entonces también estamos considerando que las mineras cuenten con el permiso de las comunidades aledañas, de aquellas que se verían afectadas directamente por las operaciones.(Edición sábado).