Así como la minería formal ha crecido geográficamente en los últimos 20 años, también lo ha hecho la amenaza de la ilegalidad -la extracción que se realiza en espacios prohibidos- e informalidad de esta actividad -especialmente la aurífera-, lo que genera graves estragos ambientales y sociales, los que son prácticamente irreversibles. Aunque hay esfuerzos para enfrentar ambos problemas, estos resultan insuficientes, dado que la producción ilegal de oro ya representa el 25% del total formal; es decir la cuarta parte, advierte Rómulo Mucho, exviceministro de Minas.Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) coincide con dicha estimación y revela que en términos de impacto económico este negocio, que actúa al margen de la ley, mueve entre 1,000 millones de dólares y 1,300 millones de dólares cada año, monto que ha aumentado en función a la cotización del oro (1,700 dólares la onza) y en la medida que se han abierto nuevas zonas con operaciones ilegales más allá de Madre de Dios, como en Puno, La Libertad, las provincias de Palpa y Nasca, en Ica; Caravelí y Chala, en Arequipa; y Lucanas en Ayacucho, entre otras.