La semana pasada, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, anunció que el Gobierno había acordado "desistirse" de la demanda presentada por el Poder Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC), contra la Ley Nº 31131, que elimina el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).Si bien Torres reconoció que el desistimiento no procede en una demanda aceptada por el TC y solo culmina con el fallo de esta entidad, el ministro afirmó que la acción se daba para que los magistrados sepan que la intención del Gobierno es que la mencionada ley continúe y se aplique. Incluso, dijo, que ya se venía elaborando su reglamento.