Un día después de que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, amenazara con "nacionalizar" el gas de Camisea si es que el consorcio que lo explota no renegocia sus utilidades, el Gobierno comenzó el trámite para lograr dicho objetivo. En efecto, el jefe del Gabinete, acompañado del ministro de Energía y Minas, Iván Merino, acudió ayer a las oficinas de Pluspetrol -empresa que tiene la mayor parte de acciones del consorcio a cargo de la explotación y comercialización del gas de Camisea- para entregar un oficio con el que esperan dar inicio a un "nuevo pacto".Sobre el tema, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), advirtió que la amenaza de la nacionalización del proyecto Camisea, es inconstitucional y "pone en grave riesgo la matriz energética del Perú"."Este es un pésimo mensaje que ahuyentará las inversiones en circunstancias que el Perú necesita de capitales para revertir la crisis económica que afronta", alertó. El representante de la SNMPE recordó que existe un contrato entre el Estado y el consorcio que debe respetarse. "Al sector minero energético le preocupa mucho que con este tipo de anuncios se pretenda vulnerar la estabilidad jurídica y el Estado de derecho, más aún cuando la industria hidrocarburífera nacional enfrenta una grave crisis por la desaceleración de las inversiones y la caída de la producción", resaltó.