El Gobierno tiene que restablecer el orden y el principio de autoridad en la región Moquegua. Allí, un grupo de lugareños ha bloqueado la carretera para presionar a la empresa Southern a atender un arbitrario pliego de reclamos y exigir una compensación de 400 millones de dólares.Este acto de prepotencia no puede aceptarse. Y no solo porque atenta contra la garantía constitucional al libre tránsito, sino también porque afecta el derecho al trabajo de una importante empresa minera y se perturba las inversiones. A parte de si sus pedidos son o no justos, no se puede sentar un precedente por el cual la apelación a la violencia se convierte en un medio para exigir y dar rienda suelta a la agenda politiquera de caudillos locales.Así, contra la posición de la presidenta regional de Moquegua, Cristala Constantinides --a quien le corresponde solucionar el problema en vez de promoverlo--, hay que destacar la ponderación del jefe del Gabinete, Jorge del Castillo, quien ha afirmado que no dialogará si no se levanta la medida de fuerza. Además, no puede estar de bombero solucionando todos los problemas locales.