En los últimos días, ha vuelto a cobrar fuerza en el discurso y la acción política del oficialismo el empeño de recolectar firmas para convocar un referéndum que conduzca a la elección de una asamblea constituyente. Sobre el fondo de esa pretensión, nos hemos pronunciado ya en numerosas oportunidades en El Comercio. Nuestros lectores saben que, en sintonía con lo que indica una mayoría de los expertos en la materia, opinamos que no hay manera de convocar una asamblea constituyente sin violar lo que establece el artículo 206 de la Constitución y que lo máximo que se podría conseguir a través de un recojo de firmas como el emprendido es presentar ante el Congreso una iniciativa para que este modifique el artículo constitucional en cuestión. El tipo de referéndum al que Perú Libre quiere llegar mediante el mecanismo que ha puesto en marcha es aplicable a las leyes ordinarias, no a las contenidas en la Carta Magna. Pero, como decíamos, sobre ese particular hemos hecho ya hincapié en múltiples ocasiones.En esta oportunidad, en cambio, queremos llamar la atención sobre un problema distinto: el de la financiación de esa campaña y la legalidad de la participación de las autoridades del gobierno en ella.