Desde que inició funciones, el gobierno de Pedro Castillo ha mostrado una infatigable vocación por nombrar a personas con graves cuestionamientos de naturaleza moral, antecedentes penales o sin los pergaminos adecuados (cuando no los tres juntos) en puestos claves. En estos casos, las designaciones han respondido más bien a un criterio de filiación partidaria (aquellos afiliados a Perú Libre o cercanos a sus líderes) en desmedro de la experiencia o la especialización.La semana pasada, por ejemplo, varios especialistas advirtieron sobre los riesgos potenciales para el país de contar con un jefe de la DINI que no muestra mayor formación o experiencia en inteligencia. Lo que sí exhibe el elegido José Luis Fernández Latorre, en cambio, son 30 sanciones disciplinarias durante su paso por la policía y tres intentos de ascenso fallidos en dicha institución.Pero los nombramientos polémicos no terminan allí.Ayer se publicó en el diario oficial "El Peruano" la resolución suprema que designa al abogado Julián Palacín Gutiérrez como nuevo presidente del Consejo Directivo del Indecopi una persona que, muy al tenor de lo que parece buscar esta administración, no cuenta con experiencia en temas vinculados a los de la institución que presidirá (solo se sabe que ha trabajado en el estudio de abogados de su padre), y sí, por el contrario, con una innegable afinidad hacia Perú Libre, expresada en sus dos candidaturas al Congreso por dicho partido (en el 2020 y en el 2021) y en la defensa que hizo de su fundador cuando se le preguntó por los problemas legales de este ("servicio de inteligencia ve a Vladimir Cerrón como el próximo presidente del Perú", le dijo a "Panorama").