La Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento donde exhorta al Ejecutivo a actuar ante el vacío legal que supone proceder para intervenir ante restos humanos de individuos que por sus actos en vida suponen una amenaza a la seguridad nacional.En ese sentido, la institución argumenta que el gobierno de Pedro Castillo debe tener presente que ni el Código Procesal Penal ni la Ley General de Salud establecen con precisión cómo ejercer ante este tipo de acontecimientos.