A propósito del fallecimiento del cabecilla senderista Abimael Guzmán, ayer escribíamos en estas páginas que no hay medias tintas cuando se trata de condenar el terrorismo. El Gobierno, como representante del Estado, tiene la obligación de demostrar el rechazo más contundente ante los grupos criminales que cobraron decenas de miles de víctimas en su demencial lucha por capturar el poder. En este gobierno en particular, dadas las serias acusaciones de infiltración de simpatizantes terroristas en las esferas más altas del Ejecutivo, existía singular expectativa respecto de los pronunciamientos que se darían ante la muerte del mayor genocida que ha conocido nuestro país. Era una buena oportunidad para desmarcar, por lo menos de palabra, del terrorismo senderista.