Tenemos que hacer algo urgentemente. El país no puede seguir siendo víctima permanente de los violentos e ilegales bloqueos de carreteras que, además, provocan la muerte de inocentes, como acaba de suceder en La Oroya.Es intolerable que se afecte el derecho de los ciudadanos al libre tránsito y a su propia integridad y, peor aún, que no se sancione a nadie por los perjuicios que suelen causar estos bloqueos.¿Quién responderá por las dos personas muertas? ¿Quién asumirá la responsabilidad por los heridos en la trifulca entre campesinos y policías y por pérdida de tiempo y dinero de viajeros, comerciantes y turistas?Esta forma de resolver los problemas revela un primitivismo que corresponde a la autoridad y a la ciudadanía erradicar. No está en cuestionamiento el derecho a la protesta y al pataleo. Pero atentar contra los principios del orden y autoridad, así como poner en riesgo la vida y la tranquilidad de inocentes no tiene justificación aquí ni en ninguna otra parte del mundo.