Renovación Popular (RP) presentó un proyecto de ley para que las personas jurídicas cuyos socios directos o indirectos, gerentes, representantes legales o personas tengan una acusación fiscal, se hayan acogido a la colaboración eficaz o a la confesión sincera, hayan sido condenados en el Perú o en el extranjero, no contraten de manera "definitiva" con el Estado.La bancada usa de ejemplo los casos de Lava Jato, Obrainsa, ICCGSA y obras como la Vía Expresa Costa Verde Callao, el Tren Eléctrico, entre otras.