El domingo 5 de setiembre se cumplió un mes desde que se presentó el primer proyecto de ley de este período congresal 2021-2026. Hasta la fecha se supera el centenar de iniciativas, pero la mayoría no cumple lo mínimo que se espera de un análisis costo-beneficio. Este vacío impide conocer las consecuencias reales de aprobar una norma.El reglamento del Congreso, en su artículo 75, establece que uno de los requisitos para presentar un proyecto de ley es el análisis costo-beneficio "que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental".Tras un análisis de los 104 proyectos presentados por los congresistas, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó que el 92% no identifica los costos monetarios asociados a la iniciativa, el 71% no identifica a los distintos actores afectados y el 53% desarrolla su análisis costo-beneficio en menos de dos párrafos.