Difícil camino. Una dura coyuntura afrontaría el Gobierno en el campo de los derechos humanos y ante los organismos internacionales si insiste en impulsar la pena de muerte como castigo para los que violen a menores de siete años y luego los asesinen. La marea que se levantaría, junto con la alta valla que se debe pasar para aprobar la iniciativa, podría hacer que el tema se quede ahí. Expertos consultados por Perú.21 advirtieron que la aplicación de esta medida choca con barreras insalvables previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que el Perú ratificó en 1978. En tanto, diversos dirigentes del Apra, como la presidenta del Congreso, Mercedes Cabanillas, insistieron en que no es necesario denunciar el Pacto para implementar la pena de muerte.El constitucionalista Raúl Ferrero fue contundente: no hay forma legal de aplicar la pena capital sin denunciar, directa o indirectamente, el mencionado compromiso.