En el discurso de asunción del presidente de la República, Pedro Castillo, mencionó el concepto de Rentabilidad Social e indicó que dicho concepto debería ser promovido por las empresas mineras que deseen desarrollar sus proyectos y/o operaciones, añadiendo que la rentabilidad social es más que la licencia social para operar y que las empresas que no tengan rentabilidad social no podrían desarrollarse.Independiente de que dicho concepto debe definirse y desarrollarse con claridad (norma legal), la gran solución no es recaudar más impuestos de la actividad minera, sino, por el contrario, se debe ejecutar correctamente todo lo que ya se recauda de esta importante actividad. En este momento se recaudan el Canon Minero (50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras); las Regalías Mineras; las Regalías Contractuales; el Gravamen Especial a la Minería; el Impuesto Especial a la Minería; entre otras contribuciones. De todo eso que se recauda, a pesar de que existen grandes necesidades por resolver, durante el 2015 al 2019 solo se ha ejecutado, a nivel nacional, el 75%.Frente a esta situación, debemos continuar las iniciativas que han dado resultados positivos, como el Centro de Convergencia y Buenas Prácticas Minero Energéticas (Rimay), que a pesar de encontrarnos en medio del covid-19, ha podido continuar promoviendo un espacio multiactor para reflexionar en torno, por ejemplo, al desarrollo de la región Moquegua, identificando cuatro temas para el desarrollo de dicha región: (i) cierre de brechas, buen uso del canon y servicios de calidad, (ii) diversificación productiva, (iii) gestión integrada de los recursos hídricos y (iv) gestión de aspectos ambientales, señala Luis Miguel Incháustegui Zevallos, exministro de Energía y Minas.
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