Aun cuando el anterior Congreso ya había rechazado la ratificación del Acuerdo de Escazú, el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, afirmó que esta administración tiene que ratificar e impulsar ese tratado internacional.Argumentó que tal acuerdo "nos lleva a un compromiso con los pueblos originarios para alcanzar la justicia ambiental", y señaló que trabajará con una política inclusiva que proteja a los "defensores ambientales". No obstante, el experto Anthony Laub observó que el ministro del Ambiente incurre en un error al señalar que lo ratificarán, pues el procedimiento sería que el Gobierno lo plantee para que lo discuta el Congreso, pues su ratificación solo compete al Legislativo. En todo caso, advirtió que de ratificar el Perú tal acuerdo, se pueden poner en riesgo las inversiones de actividades extractivas como la minería, hidrocarburos, eléctricos, pero también de infraestructura, carreteras, agua y saneamiento.Ello, anotó, debido a que facultaría a cualquier persona a plantear observaciones a proyectos en esos sectores, y obligaría a las autoridades ambientales a detener esas iniciativas, aun cuando ya tengan su EIA aprobado o consulta previa concluida.
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