El inicio del gobierno de Pedro Castillo ha confirmado muchos de los temores que existían en vastos sectores de la ciudadanía. A la insistencia con el proyecto inconstitucional de convocar una asamblea constituyente y la amenaza del surgimiento de una fuerza paramilitar a partir de la pretendida "incorporación" de las rondas al sistema nacional de seguridad, le ha seguido una escalada de designaciones ministeriales y nombramientos en distintos puestos del Ejecutivo que, por irresponsables o cuestionables por razones éticas, no parecen tener otra explicación que la de ser abiertas provocaciones al Congreso.La interpretación más extendida sobre esta forma de proceder sugiere que estamos ante el intento de producir en la mayoría opositora de la representación nacional una indignación que la mueva a negarle el voto de confianza al Gabinete Bellido. ¿Para qué? Muy sencillo: con ello, la mitad del camino hacia una posible disolución del Congreso -un ingrediente esencial para la consolidación del régimen que, a juzgar por todos los indicios, se nos quiere imponer- habría sido ya recorrida.