En tan solo tres días, el gobierno de Pedro Castillo se ha encargado de designar a más de 20 asesores ministeriales, entre otros funcionarios, que no brillan por su experiencia, sino por su prontuario. Hay investigados por la Fiscalía, un condenado y otros cuestionados personajes muy cercanos a Vladimir Cerrón, el dueño de Perú Libre.Entre las designaciones más polémicas está la de Braulio Grajeda Bellido como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros. El excandidato al Congreso por Perú Libre fue -junto a Dina Boluarte- uno de los encargados de recaudar fondos para pagar la reparación civil de Cerrón. El abogado, militante del partido desde 2016, creó una cuenta mancomunada para recolectar el dinero, cuya fuente estaría en las actividades ilícitas de Los Dinámicos del Centro.En el Ministerio de Vivienda, la controversia es más grande. Después de que se dejara sin efecto la designación de Jack Salazar, vinculado a una red dedicada a realizar trampas en exámenes de admisión, se colocó de manera exprés a Salatiel Marrufo Alcántara como jefe de asesores de la cartera.Sin embargo, el flamante asesor es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal en el caso denominado Los Malditos del Azúcar. Marrufo está relacionado a empresas azucareras como Tumán, de la que fue apoderado.