D e acuerdo con las últimas declaraciones del presidente Alan García, todo indica que el Poder Ejecutivo observará el proyecto de ley que elimina el pago de la renta básica. El mandatario ha optado por la salida negociada y técnica que el tema requería desde el comienzo, para conseguir un efectivo y equitativo beneficio para los usuarios.García viene también de enmendarle la plana declarativamente al Congreso por no haber tomado en cuenta que estaba aprobando una ley con nombre propio, y porque con eso afectó un contrato suscrito entre el Estado y una empresa privada, con las repercusiones negativas que esto puede causar en el flujo de las inversiones. Es decir, desconoció la propia Carta Constitucional y, además, se saltó el trámite de comisiones y de la doble votación, que sin duda hubieran aportado una buena cuota de reflexión al tema.Entendemos la reacción del mandatario que, si bien está a favor de la eliminación de la renta básica, ha frenado a tiempo ciertos ímpetus populistas y procedimientos precipitados e innecesarios de algunos grupos parlamentarios, incluyendo lamentablemente los de su propio partido. No es la primera vez que el Congreso incurre en estos excesos. El presidente Alejandro Toledo tuvo que asumir también la ingrata e impopular tarea de observar más de 330 leyes por "absurdas, onerosas o anticonstitucionales que habían sido aprobadas irresponsablemente por el Parlamento, en busca de granjearse avemarías sobre la base de perjudicar al resto de peruanos", como comentamos oportunamente. Nos preguntamos si el Congreso actual quiere cometer el mismo error, en vez de concertar con el Ejecutivo para sacar adelante temas cruciales, como lo es sin duda la definición de mejores tarifas telefónicas a favor del usuario.En este caso, felizmente, el desencuentro Ejecutivo-Legislativo ha ocasionado que el Gobierno forme un grupo especializado para analizar el problema de las tarifas, la renta básica y la ampliación de los servicios para aquellos que no lo tienen, como adelantó ayer el primer ministro Jorge del Castillo.Pero el Congreso está avisado: tiene que eximirse de colocar al Ejecutivo en el disparadero y en la incómoda situación de observar proyectos populistas, lo cual solo contribuye a mellar la gobernabilidad del país y la popularidad del primer mandatario.