Los proyectos minero-energéticos estuvieron en el centro del primer mensaje a la nación del presidente Pedro Castillo."Implementaremos el criterio de rentabilidad social, que es superior a la licencia social", dijo el mandatario, agregando que "si un proyecto no tiene rentabilidad social, simplemente no va".Al respecto, Oscar Caipo, presidente de la Confiep, consideró que el Gobierno debe precisar su propuesta para no ahuyentar a la minería, que representa "el 60% de las exportaciones y el 20% de Producto Bruto Interno (PBI)". ¿Qué se entiende por rentabilidad social?Para Epifanio Baca, economista principal del colectivo Propuesta Ciudadana, la idea es clara. "El presidente se refiere a que un proyecto no solo debe centrarse en la rentabilidad económica. Las empresas mineras de vanguardia deben incorporar también el concepto de valor compartido, en el sentido que tienen que generar valor para ellas y para la población de su entorno, como lo hace Antamina en Áncash", explica.No se trata, por tanto, de un concepto novedoso, sino de una práctica que despliegan las empresas minero-energéticas responsables, como las que integran el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).Es el caso de Anglo American (Quellaveco), Freeport (Cerro Verde), Río Tinto (La Granja), Minsur (Mina Justa), Gold Fields (Cerro Corona) y Teck (Zafranal y Antamina), por citar solo algunas que operan en el Perú.Pero todo esto, apunta el expresidente de la SNMPE Carlos Gálvez, es desconocido por el presidente Castillo, pues obvia el aporte tributario de los proyecto mineros, su impulso en la generación de mano de obra y, no menos importante, su aporte a la innovación y la transferencia tecnológica. El ejemplo más notable de esto último es Quellaveco, que será la primera mina 100% digital, no solo del Perú sino de toda Latinoamérica.Con todo, la idea de extender el concepto de rentabilidad social a todos los proyectos minero-energéticos es saludable. Pero es solo una parte de todo lo que estos necesitan para salir adelante.