El presidente electo, Pedro Castillo, debe alejar de su entorno a personas investigadas y condenadas por delitos de corrupción, afirmó en un pronunciamiento público la Defensoría del Pueblo, en el que también lo felicita por su victoria electoral."El presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción", indica en su comunicado.Para la institución que dirige Walter Gutiérrez, "la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos".