Ayer, la jueza Judy Baldeón decidió no imponer prisión preventiva contra 20 de los 38 investigados por el Caso Los Dinámicos del Centro, y eligió, más bien, dictar comparecencia con restricciones para algunos de ellos. Como se sabe, el Ministerio Público había solicitado 36 meses de encierro contra los miembros de la presunta organización criminal mientras continúan las pesquisas en su contra por los delitos de falsedad ideológica, concusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias. Según la letrada, sin embargo, el pedido de la fiscalía no cumple con las condiciones que el recurso solicitado demanda. Y, a nuestro juicio, se está cometiendo un grave error.En más de una oportunidad desde estas páginas hemos cuestionado el uso abusivo que se le ha venido dando a la prisión preventiva. Bajo el amparo de esta herramienta, cuyo uso debería ser excepcional, se ha llevado a prisión a decenas de personas por el Caso Lava Jato, dentro de investigaciones que, en muchos casos, todavía ni siquiera han desembocado en una acusación. Sin embargo, que antaño el recurso se haya usado con debatible pertinencia no justifica que no se emplee cuando sí es necesario. Y en el caso de Los Dinámicos del Centro, la renuencia de algunos de los implicados para ponerse a derecho y la escala de los crímenes, relacionados a Perú Libre, que se imputan -que incluirían actos de corrupción para financiar la campaña de quien podría ser el próximo presidente-, deberían justificar que la medida se aplique.