TELEFONÍA CON ESTABILIDAD Y EQUIDAD

No debe confundirse el propósito final de bajar el costo de una telefonía, que debiera estar al alcance de todos, con los procedimientos recientemente usados en el Congreso para eliminar la renta básica de ese servicio.A propósito, el Poder Ejecutivo tiene la grave responsabilidad de evaluar, en todas sus implicancias, los efectos de la apresurada decisión parlamentaria de aprobar el proyecto de ley que elimina el pago de renta básica.Hay que destacar la buena relación que, hasta ahora, ha establecido el nuevo gobierno aprista con el empresariado y los inversionistas, la que no puede malograrse por una mala decisión que afecte las reglas de juego. Lo que reflexivamente decida será trascendental para los usuarios y la posibilidad de atraer más inversiones.Precisamente, en atención al orden constitucional y la estabilidad jurídica, lo sensato sería observar el proyecto que repite las incongruencias del anterior y confrontarlo con lo establecido en el contrato que tiene rango constitucional (según lo ha confirmado el TC) y no puede ser modificado por una ley.Sin embargo, las cosas no pueden terminar aquí. El mismo hecho de que el tema se haya vuelto recurrente en el Congreso demuestra dos cosas: primero, que hay en el fondo un problema de costo que afecta a las mayorías; y luego que los organismos reguladores no han actuado de modo eficiente, en la oportunidad en que debieron hacerlo.Por todo ello, la empresa Telefónica, que jurídicamente pudiera tener la razón, está llamada a revisar sus estructuras operativas, cumplir sus compromisos de expansión y ajustar sus tarifas considerando la ganancia y el mercado pero también la equidad social. En cuanto a Osiptel, debe reconocer su incapacidad previa para regular las tarifas y evitar que un asunto técnico (que solo beneficia al 8% de usuarios) pretenda ser resuelto en la arena política. En cualquier caso, ante una empresa cuasi monopólica, el Gobierno debe reforzar la autonomía del regulador, promoviendo medidas legales y nombrando técnicos independientes para su manejo.La coyuntura es delicada. El Gobierno tiene que resistir la tentación populista, que aún anida en un ala del aprismo, para actuar de modo responsable y posibilitar una solución que respete tanto el ordenamiento constitucional como a los consumidores. (Edición sábado).