El proceso todavía en marcha para intentar reemplazar a los seis magistrados del Tribunal Constitucional (TC) con el mandato vencido ha sido largo y accidentado. A los problemas que se suscitaron en el anterior Congreso (y que derivaron en su discutida disolución bajo el argumento de la "denegación fáctica de la confianza"), se sumaron los avances y retrocesos de la actual representación nacional en su determinación de sacar la referida elección adelante, así como los cuestionamientos a algunos de los candidatos aprobados para ser sometidos a la votación del pleno y a la pertinencia de algunas de las preguntas que se les hicieron durante la evaluación que les hizo la comisión parlamentaria creada para tal fin.Como se sabe, hace poco la representación nacional todavía en funciones decidió finalmente acometer la tarea, a pesar de la existencia de voces que objetaban la idoneidad de que fuese ella la encargada de hacerlo. Esto habida cuenta de que ya hay un nuevo Legislativo elegido que se estrenará el 28 de julio próximo y cuyo período coincidirá con los magistrados que eventualmente pudieran ser elegidos en estos días.En honor a la verdad, tales argumentos nos parecen atendibles. Pero igualmente cierto es que si el Congreso resolvía ir adelante con el proceso, tenía el derecho a hacerlo.