La investigación fiscal por presunto lavado de activos que involucra a dirigentes de Perú Libre (PL) abre un frente de sospecha no solo en el ámbito penal, sino también en el administrativo en torno al presunto financiamiento ilícito de dicho partido. En esa línea, expertos consultados por El Comercio advirtieron que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está facultada a adelantar acciones de supervisión a los fondos de esta agrupación considerando la posible comisión de dos infracciones consideradas muy graves por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP): 1) recibir aportes a través de una persona distinta al tesorero titular; 2) o de fuente prohibida.