Aunque no había dudas al respecto, la reciente encuesta nacional de El Comercio, elaborada por Apoyo, recoge con extremo realismo la actitud de enorme rechazo que el Poder Judicial genera en la población.Un 89% piensa que es poco o nada confiable y 94% cree que debe ser reformado. La mayoría, sin embargo, considera que la reforma corresponde al Ejecutivo (45%) o al Legislativo (29%). Solo el 18% piensa que puede ser asumida por el propio Poder Judicial, al que responsabiliza, principalmente, de los problemas que afronta.Para los juristas participantes en nuestra Mesa Redonda sobre la crisis judicial, la reforma tiene que ser emprendida por los tres poderes del Estado. Por eso es positivo que el Legislativo empiece a discutir mañana la Ley de la Carrera Judicial y la enmienda de 16 artículos constitucionales referidos a la administración judicial. Hay una agenda que no aguarda más dilaciones para: Uno, hacer una reforma integral, que involucre a todos los organismos del sistema. Para eso, la Corte Suprema debe marcar distancia de la posición tibia que ha mostrado y asumir una más decisiva. Sería decepcionante que no llevase a cabo un proceso que sí es viable.Dos, atacar la corrupción, lo cual implica definir si el control debe ser interno o externo. El autocontrol ha fracasado y el segundo requiere una modificación constitucional. Pero, en tanto, podría reforzarse la OCMA, ampliar las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura para este fin u organizar una red de instituciones que puedan ejercer control externo. El actual y nefasto espíritu de cuerpo --yo no te sanciono, tú no me sancionas-- no da para más.Tres, a largo plazo tiene que mejorarse la capacitación de jueces y fiscales, labor que debe asumir la Academia de la Magistratura. No se trata solo de que cumplan sus tareas con eficiencia, sino que cambien de mentalidad. Así como los sueldos de los magistrados no deben rebajarse, ellos deben servir al país y no manejar juzgados y fiscalías como sus feudos. Cuarto, reducir la sobrecarga procesal, mediante la regulación de las acciones de amparo y haciendo que solo los casos de casación lleguen a la Corte Suprema. Pero, como lo hemos dicho anteriormente, no habrá solución al problema de fondo si no se cuenta con lo esencial: una Corte Suprema que realmente lidere el organismo con el coraje necesario para innovar y convertirla en una institución del siglo XXI. Y ello solo se logrará con el ingreso de un número de abogados consagrados que doten a la corte del prestigio del que lamentablemente carece.¿Que estos abogados deberán desvincularse de sus estudios? Por supuesto, y eventualmente abstenerse de participar en juicios emblemáticos relacionados con su anterior estudio. ¿Que esto aboga a no reducir los sueldos de los magistrados? También. ¿Que el país deberá estar atento a que nadie abuse del proceso, especialmente el partido de gobierno? Ni se dude, nosotros los primeros.¿Pero es que hay otra salida para el Poder Judicial luego de más de doce intentos de reforma? ¿No es evidente que la mayoría de magistrados supremos no quiere cambios drásticos y se aferra al statu quo? ¿Hay acaso visos de que esa cultura cambie? Nos parece que no. Por ello, es ahora o nunca. Lo bueno, además, es que esta solución, que puede ser inmediata, no requiere ningún cambio constitucional. La conclusión es, pues, evidente: solo así, con una Corte Suprema prestigiosa y, muy especialmente, dotada de esa honorabilidad que se requiere para ejercer liderazgo, las mejoras que se apliquen decantarán hacia los demás estamentos y la reforma se convertirá, entonces, en integral y no de mero maquillaje.