Ayer, Luis Arce Córdova, representante del Ministerio Público en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anunció su declinación irrevocable a ejercer dicho puesto, según dice, "con el fin de evitar que la representación que ejerzo y mis votos en minoría sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones que hasta hoy he tenido el honor de integrar de manera honesta". Su decisión, al dejar al ente electoral sin quórum, entrampa los procesos en curso para definir el futuro de las actas que Fuerza Popular ha buscado anular. En buena cuenta, deja en el aire la proclamación del nuevo presidente y al país en un mayor estado de incertidumbre.Se trata de una medida compleja especialmente cuando coincide y se sustenta en el hecho de que la institución a la que pertenece ha tomado decisiones contrarias a su parecer. A ello se le suma que el documento en el que anuncia su "declinación" está plagado de acusaciones que el señor Arce tiene la obligación de explicar y demostrar ("los reclamos de la población serán vanos y los derechos de la mitad de la población serán vulnerados", ha dicho) apelando a algo más que su opinión, toda vez que ensombrecen el proceso electoral mientras frenan el camino a que este concluya. Y esto último parece ser el objetivo final del fiscal supremo.