Hace casi seis meses, y antes de la polarizada coyuntura a causa de las elecciones generales, un informe fiscal interno dirigido desde Junín a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, advertía de los índices negativos que se estaban registrando en torno a la productividad de los fiscales provinciales anticorrupción en esa región, la tierra del procesado exgobernador Vladimir Cerrón.El documento, del 30 de diciembre de 2020, lleva la firma del entonces presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, Boris Olivera Espejo, quien ese mismo día le daba la posta en el cargo al fiscal superior Francisco Pariona para el periodo 2021-2022.Allí, se recoge abundante información estadística sobre los procesos fiscales que están en trámite desde 2011, el sentido de las sentencias emitidas y las solicitudes de prisión preventiva, entre otros, para luego llegar a una conclusión que es, ciertamente, contundente y no deja lugar a interpretaciones.