Independientemente de quien resulte ganador, la política a seguir con las empresas extractivas estará en el centro del debate público. No podrá haber inmovilismo, tendrán que practicarse cambios. La discusión va estar en las tasas impositivas -impuesto a la renta, impuesto a las sobreganancias y regalías-, la distribución del canon -el reparto individual ha sido rechazado por los electores-, los incentivos tributarios para la etapa constructiva -ambientalismo, remediaciones de lugares impactados-, el carácter no vinculante de la consulta previa, el ordenamiento territorial, los fideicomisos para la ejecución de programas de responsabilidad social, y los alcances de la llamada licencia social.