La inusitada incursión policial en el poblado de Sión (Tarapoto), que dejó varios heridos, tiene que ser investigada y, de comprobarse eventuales excesos, determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.Sin embargo, debemos estar alertas para evitar que el consiguiente repliegue policial pueda ser utilizado a favor de las mafias del narcotráfico que indudablemente están detrás del control de la zona. De antemano, ya era preocupante que un grupo parlamentario como el humalista incluyera en su lista a representantes cocaleros, algunos con antecedentes policiales. Ahora, ya elegidos, estos no parecen reparar en el peligro de hacerle el juego al narcotráfico, comenzando por atacar a los organismos estatales de lucha antidrogas y pretendiendo que se deje de lado la erradicación de los cultivos ilegales.Claro que hay que diferenciar a los campesinos que se dedican precisamente al cultivo legal de coca, y que deben ser apoyados, de aquellos otros que trabajan abierta o encubiertamente para el narcotráfico y se hacen cómplices de él. Lo malo no es solo poseer pozas de maceración en sus parcelas, sino también proveer a las mafias con hojas de coca cultivadas ilegalmente.Ante esto, la respuesta del Estado tiene que ser firme y coherente. Ello implica definir claramente una política antidrogas que privilegie el desarrollo alternativo, pero también la interdicción; es decir la erradicación de cultivos ilegales y la lucha frontal contra las bandas armadas que protegen a los capos del narcotráfico. Hasta ahora, la actuación de la ministra del Interior ha sido bastante cauta, posiblemente a la espera de asentarse mejor en el cargo y estudiar el problema en profundidad. Lo que no se puede hacer, en ningún caso, es caer en el juego de los que defienden al narcotráfico ni dar señales equívocas de debilidad del Estado para enfrentarse a esta peligrosa lacra delictiva.