El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ofició a la Defensoría del Pueblo su respuesta a las observaciones que esta hiciera sobre el proyecto minero Río Blanco, que la empresa Minera Majaz desarrolla en la sierra piurana. En su informe, la defensoría señaló que existían irregularidades, entre las que se encontraba el uso ilegal de las tierras de las comunidades de Segunda y Cajas (en Huancabamba) y Yanta (en Ayabaca) para la exploración minera. Pero el MEM buscó desvirtuar tales observaciones.Tal como señaló Rosario Padilla, viceministra de Minería, en este punto el ministerio ha considerado que el reglamento de exploraciones no contempla que el tener "un acuerdo previo con el propietario del terreno superficial" sea un requisito para la exploración. Además, de acuerdo con el MEM, la condición de contar con la autorización de los dos tercios de la asamblea comunal rige para la fase de explotación, pero el proyecto Río Blanco se encuentra en exploración. El informe señala, amén de que la autorización de la comunidad no es requisito para obtener el permiso ambiental, que los campesinos dieron parcialmente su conformidad, con la limitación de que esta comunidad "todavía no estaba conformada de acuerdo con la ley".